¡Detener el genocidio en la selva!

¡ALTO A LA MASACRE EN LA SELVA!
¡TODOS SOMOS AMAZÓNICOS!

A la opinión pública del Perú y del Mundo:

(Texto ampliado)

La Unión Socialista Libertaria expresa su repudio total al plan de genocidio en marcha contra los luchadores sociales, plasmado en la masacre acontecida en la ciudad de Bagua, en la Selva peruana, donde han caído abatidos por balas de las asesinas fuerzas especiales de la Policía Nacional, casi un centenar de pobladores, entre nativos, campesinos, trabajadores y estudiantes, que se hallaban protestando en el marco de una huelga general en la región que empezó el 9 de abril, exigiendo la derogatoria de una serie de decretos legislativos dictados no por el Congreso sino por el propio Gobierno central, y que son lesivos a su propia subsistencia como comunidades originarias. La propia Defensoría del Pueblo (ente estatal que supervisa las demandas ciudadanas contra diversas instituciones de la Administración emitió recientemente un informe en el que concluye que los decretos legislativos son inconstitucionales.

El segundo gobierno aprista, encabezado nuevamente por el ya reincidente genocida Alan García Pérez (aun está pendiente su juzgamiento por ordenar la masacre perpetrada por la Marina peruana contra presos políticos recluidos en varias cárceles de Lima, en junio de 1986, durante su primer gobierno), a sangre y fuego ha impuesto los mandatos del Imperialismo norteamericano, en el marco de la implementación del TLC. Esto es, la venta de los territorios donde durante miles de años han desarrollado su cultura y democracia comunal los pueblos originarios del Perú.

Lamentablemente, el viernes 5 de junio del 2009 será una fecha que jamás olvidaremos. Al igual que en otras luchas emprendidas por comunidades originarias contra las políticas neoliberales del capitalismo imperialista, acalladas a sangre y fuego (Los Awá en Colombia, los Mapuches en Chile, las poblaciones originarias en Atenco, Oaxaca, Chiapas, México, etc.) las fuerzas represivas del Estado han desatado una nueva masacre al disparar contra miles de pobladores y nativos indefensos, provocando la ira popular, y generando un enfrentamiento desigual donde la peor parte la ha llevado la masa de manifestantes que participaban de protestas, tomas de locales y bloqueos de carreteras, con las únicas armas de sus puños, sus consignas y algunas piedras y palos.

La derecha peruana, con la vergonzante comparsa del periodismo parametrado, se rasga hoy las vestiduras "lamentando" la muerte de casi una docena de policías de la DINOES, cuerpo especial armado hasta los dientes y especializados en tácticas antiguerrillera, a manos del pueblo, que respondió así al primer gran zarpazo con el ametrallamiento y bombardeo desde helicópteros y por vía terrestre. Ahora los políticos burgueses exigen la mayor sanción posible y que se respete el "principio de autoridad". Es decir, piden mayor genocidio y despojo contra el pueblo que protesta por sus derechos.

El libreto ya estaba marcado: En el Congreso, el debate por la derogatoria del ominoso Decreto Legislativo 1090, también llamado la Ley de la Selva, que consagraba el despojo legal de las tierras de las comunidades indígenas en favor los intereses de las transnacionales depredadoras del medio ambiente, fue suspendido el jueves 4 de junio por la votación mayoritaria de la bancada aprista. Para el día siguiente ya se alistaba en las oficinas de la Procuraduría del Ministerio de Justicia, la orden de detención contra el principal dirigente de la AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), el compañero nativo Alberto Pizango, principal vocero de los "apus" de las comunidades originarias en pié de lucha. Y ese mismo día, en horas de la madrugada, la Policía Nacional del Perú, a través de un contingente de 639 efectivos de la DINOES empezó el ataque a la población civil sublevada. En respuesta el pueblo se lanzó a las calles a apedrear e incendiar los locales de las instituciones estatales más odiadas e incluso el local del partido de gobierno.

Entonces, la represión fue inmisericorde. Sospechosamente, entre la mayoría de los muertos figuran los principales representantes de diversas comunidades (entre los muertos figuran, por ejemplo, los "apus" de la étnia awajun Felipe Sabino César y Mateo Inti, además al dirigente del Comité de Lucha de Condorcanqui, el aguaruna-huambisa Santiago Manuin, ganador del premio Reina Sofía como defensor de la naturaleza y de los derechos humanos, a quien la PNP, tras acribillarlo, lo dio por muerto y abandonaron, pero luego apareció en el Hospital de Bagua), lo cual lleva a concluir que se ha tratado de un operativo de aniquilamiento contra las propias étnias, planeado al detalle. Esto, en buena cuenta, es un genocidio.

Mediante Decreto Supremo 035-2009-PCM (05 Junio del 2009), se ha ampliado el Estado de Emergencia dictado en Mayo, a todo el departamento de Amazonas, a la provincia del Datem del Marañón del departamento de Loreto; así como a las provincias de Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca, por los graves hechos de violencia producidos en diversas localidades del departamento de Amazonas. La Constitución Política del Perú, en el Capitulo sobre Régimen de Excepción, Artículo 137º, establece que en situación de Estado de Emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del Orden Interno, y quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de reunión y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

Los nativos peruanos en pie de lucha, en huelga indefinida, y con el apoyo de gremios y sindicatos de trabajadores de las ciudades, no son terroristas ni guerrilleros, son simples ciudadanos que protestan por el avasallamiento de sus derechos a la tierra y a la libertad de organizarse sin temor a ver su medio ambiente -al que culturalmente están unidos- ser aniquilado por la devastación del "progreso" que pregonan las transnacionales bajo la mascarada de traer "inversión externa". Y sus dirigentes más notorios no son figuras autoritarias con intereses políticos burgueses: Son simples delegados que representan ante las instancias de poder estatal, la voz de las comunidades.

Ya ha trascendido a la prensa que la orden de detención hoy contra Pizango fue producto de una serie de presiones desde el Ejecutivo, según a revelado el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein. Según refirió el magistrado, la jueza Norma Carvajal resolvió la madrugada del sábado 6 el mandato de detención contra el presidente de Aidesep por los hechos sangrientos de Bagua.

Sin embargo, Pizango tuvo que pasar a la clandestinidad, mientras Shampion Noningo asumía la función de interlocutor del AIDESEP. Posteriormente, cuando la prensa reaccionaria se arrancaba los cabellos por no haber podido delatar a tiempo a Pizango, este obtuvo el asilo por razones humanitarias en la Embajada de Nicaragua. Un nuevo perseguido político del régimen aprista.

CRÓNICA DE UNA MASACRE ANUNCIADA

Frente a la contundente protesta del pueblo amazónico y el solidario apoyo mediante manifestaciones y paros en diversas provincias del interior del país por la defensa del territorio y el derecho de las comunidades originarias sobre ellos, el Estado peruano ha respondido con la principal arma de los regímenes impotentes, corruptos e inhumanos: El genocidio. Así, decenas de campesinos, trabajadores, estudiantes y nativos de las selva peruana han sido cobardemente asesinados por fuerzas de elite de la Policía Nacional del Perú, entrenadas en tácticas de contraguerrillas, en su supuesta pretensión de desalojar el bloqueo que se había establecido en la estratégica Vía Fernando Belaunde Terry, de la Amazonía peruana, en el sector denominado "La Curva del Diablo". Además un fallido intento de "rescate" de varios policías tomados de rehenes en la Estación Nº 6 del Oleoducto Norperuano, que estaba tomado por los nativos, ha acabado con la muerte de unos 9 policías y varios civiles.

De esta forma han provocado la ira popular para simplemente tener el pretexto de seguir avanzando sembrando muerte y destrucción en los pueblos. El resultado: Una treintena de policías muertos y aproximadamente un centenar de pobladores asesinados, cuyos cuerpos permanecieron varias horas en las calles sin ser recogidos e incluso algunos heridos aun se desangraban sin recibir atención médica en las zonas ya tomadas por las fuerzas represivas peruanas.

Como mencionamos en un informe anterior, este proceso de lucha de los amazónicos se inicia luego que el Estado peruano, contraviniendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios antes de cualquier tipo intervención en sus territorios por instancias ajenas a sus propias comunidades, aprobó una serie de decretos legislativos (28/06/2008) que contravienen estos derechos. Esto fue posible gracias a las facultades legislativas cedidas por un congreso dominado por al Partido Aprista Peruano en el poder, en alianza con el grupo parlamentario Fujimorista.

La primera gran explosión popular se dio entonces, el 9 de julio del 2008 cuando miles de manifestantes en la ciudad de Madre de Dios, en su tercer día de paro, amazónico, incendian la sede del Gobierno Regional.

Sin embargo, la contundente protesta de los pueblos del Perú ha llevado al propio Parlamento a cuestionar los decretos. Incluso se logró que el caso de algunos de ellos, como los D.L. 1015 y el D.L. 1073, el gobierno retrocediera y los derogara (22/09/2008).

La posterior falta de diálogo y los oídos sordos del Gobierno a los reclamos indígenas llevó a iniciar el 9 de abril del 2009 una nueva huelga indefinida, con acciones bastante extremas, como tomas de carreteras, bloqueos en ríos y puentes, además de la toma del aeropuerto de Atalaya (Ucayali), por cientos de nativos armados de palos y flechas. Por ello, un camino distinto es el que han seguido los demás Decretos Legislativos, siendo el más ominoso, el D.L. 1090, el único que ha logrado ser declarado inconstitucional mediante un informe de la propia Comisión de Constitución del Legislativo. Esto desató la algarabía entre los nativos y la esperanza de una pronta solución a su reclamo.

Astutamente, el gobierno exigió a los nativos que depusieran de inmediato su medida de fuerza, pero a través del representante de la Asociación interétnica de la Selva del Perú (AIDESEP), principal organización que encabeza las protestas de los amazónicos, se transmitió el acuerdo de las comunidades que no depondrían su huelga hasta la derogatoria oficial de la totalidad de los decretos legislativos cuestionados.

Mediante un decreto supremo, la Presidencia del consejo de Ministros pretendió crear una Mesa de Diálogo. Sin embargo, los nativos quitaron cualquier tipo de validez a esta patraña del gobierno, con su inasistencia. "Sólo hablaremos con el propio presidente García", manifestó Alberto Pizango, transmitiendo el acuerdo de los "apus" de las comunidades Nativas de la Selva. Cabe señalar que la PCM, actualmente es presidida por Yehude Simon, ambicioso político proveniente de la izquierda radical, que incluso purgó varios años de prisión por aparentemente integrar las filas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (uno de los grupos alzados en armas durante la década de los 80 y 90), quien una vez "amnistiado", hizo una meteórica carrera electorera, legando a la presidencia de la Región Lambayeque, para después renunciar a dicho cargo y luego a pasarse a las filas del oficialismo. Este otrora "revolucionario" ahora es uno de los principales verdugos del pueblo.

Pese a que reiteradamente, la Mesa Directiva del pleno del Congreso (presidida por el aprista Javier Velásquez Quesquén) evadió el debate de la derogatoria del D.L. 1090, este se inició el 4 de junio. Sin embargo a propuesta y contando con la votación mayoritaria de la bancada aprista, se suspendió dicho debate.

Esto provocó la radicalización de las protestas en la Selva peruana, que ya llevaba varios meses en huelga indefinida, con bloqueos de las principales vías y diarias movilizaciones que captaban más adeptos en las diferentes regiones del país. La lucha de las comunidades awajún-wampis, kichuas, arabelas, huaronis, pananujuris, achuar, murunahus, o chitonahuas, cacataibos, matsés, candoshis, shawis, cocama-cocamillas, machiguengas, yines, asháninkas, yaneshas y otras más, incluidos los "no contactados" por su derecho a existir y resistir, conquistó la solidaridad nacional.

Cabe señalar que al calor del debate político en el Parlamento y ante la burla del gobierno y su renuencia a "negociar" la derogatoria de los decretos en cuestión, hasta que se suspendiera la huelga amazónica, respondiendo con la declaratoria del Estado de Emergencia en las zonas en conflicto (mayo) el dirigente Alberto Pizango realizó públicamente un apresurado llamado a la "Insurgencia" del pueblo amazónico y al desconocimiento del presidente Alan García. Pese a que se rectificó en sus afirmaciones al día siguiente, esta declaración a la prensa le costó ser denunciado por "rebelión, sedición y otros" ante la 44ª Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Justamente en momentos en que el Ministerio de Justicia realizaba todas las gestiones para efectivizar su "captura", la Policía Nacional del Perú iniciaba, a las 6 de la madrugada del 5 de junio del 2009, el ataque cruento contra la población civil en Bagua Grande.

De inmediato el aparato de prensa y propaganda del Estado, que ahora abarca también a la prensa parametrada u oficiosa, empezó a orquestar la historia que se vendió inmediatamente: Los enfervorizados manifestantes, azuzados por dirigentes corruptos y con ambiciones políticas atacaron y asesinaron a los policías de la comisaría de Bagua grande en su intento por apoderarse de armas, con las cuales procedieron a atacar a los helicópteros de la PNP, procediendo a tomar e incendiar los principales locales públicos y el del partido de gobierno.

Nada más alejado de la realidad.

Las informaciones propaladas por los medios locales, muchos de los cuales a raíz de esa cobertura independiente de la versión oficialista, parametrada con los intereses de las transnacionales y el gobierno, han dado la versión más cercana a la realidad de lo que viene aconteciendo en la región Amazonas, el centro principal de la lucha.

UNA MASACRE PERPETRADA A FAVOR DE LAS TRANSNACIONALES

El Km. 202 de la carretera Fernando Belaunde Terry, en Bagua, zona de la "Curva del Diablo" estaba siendo bloqueada por más de tres mil indígenas de las etnias awajún y wampis, campesinos, ronderos y ex combatientes del Cenepa,cuando a las seis de la mañana del viernes 5 de junio, tres helicópteros MI-17 de la DINOES, salidos de la base El Milagro, arribaron a la zona procediendo a arrojar bombas lacrimógenas sobre los que bloqueaban la vía. Por tierra, un contingente de más e 600 policías avanzaron disparando a la población con fusiles AKM. Al enterarse de la masacre, el pueblo de Bagua Chica y Bagua Grande se movilizaron hacia la zona en auxilio.

Sin embargo, la policía que se había posesionado de la zona impidió el ingreso de agua e insumos de primeros auxilios para las víctimas. Esto enardeció a la masa, que se lanzó a incendiar el local del Partido Aprista, de organismos estatales como Cofopri, Pronaa y el módulo del Poder Judicial. La respuesta de la policía fue desproporcionada y según reseñaban los testigos, las vías estaban repletas de cadáveres que no podían ser recogidos, por el caos aun reinante.

Cuando el fiscal superior de Utcubamba, Ventura Loayza, arriba al lugar de los hechos, los nativos reaccionaron violentamente contra el funcionario e incendiaron una de las camionetas de la fiscalía fue totalmente incendiada.

Según informa la prensa, la Policía nuevamente atacó desde un helicóptero, con indiscriminado disparo de bombas lacrimógenas y armas de fuego.

En Bagua Grande, las comunidades indígenas denunciaron la muerte de dos adolescentes victimados cuando la muchedumbre protestaba en la Plaza de Armas. Allí también se difundió la versión que los apus de la etnia awajún Felipe Sabio César y Mateo Inti habrían fallecido.

Zebelio Kayap, presidente de la Organización de Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), denunció que algunos cadáveres estaban siendo quemados por la Diroes y arrojados al río Marañón a la altura del caserío El Reposo.

Por la tarde, el Colegio Médico de Chachapoyas reportaba que la cifra de civiles muertos se elevaba a veinticinco.

Según las últimas denuncias propaladas el sábado 6 de junio, la Policía Nacional está sacando a los indígenas heridos en el Hospital Santiago Apóstol y Buen Samaritano de la ciudad de Utcubamba (Amazonas), y los están llevando con rumbo "desconocido". Por su parte, el representante de la mesa ambiental de la Vicaría de Jaén, Nicanor Alvarado, denunció que un contingente policial espera en las afueras del hospital de Bagua Grande a que salgan de alta los dirigentes heridos para detenerlos. Confirmó la versión de que la Policía está impidiendo el paso de la población para auxiliar a heridos que se están desangrando en los matorrales. "Hay unos 25 nativos muertos, cuyos cadáveres están en la morgue, y hay una fuerte versión de que otro grupo de nativos habrían sido arrojados al río Marañón por efectivos de la Diroes. Además, otros heridos permanecen en los matorrales desangrándose y la Policía impide su paso", reiteró.

Alvarado ha demandado la presencia de la Cruz Roja Internacional y la conformación de una comisión de alto nivel que investigue las muertes. Informó asimismo que hay un grupo de licenciados del Ejército que meses atrás hicieron una invasión en las cercanías de Bagua, muchos de los cuales habrían sido abatidos por las balas de la Dinoes. El representante del Vicariato lamentó que en Bagua, las fuerzas policiales y de las Fuerzas armadas no estén respetando los derechos humanos, alegando que están dentro de un estado de sitio. "En Bagua no hay derechos humanos, está es una zona de guerra".
Según informó Radio La Voz (Utcubamba), la Policía entró a los hospitales disparando para amedrentar a los familiares y luego sin decir nada se llevaron a los heridos que ya habían sido atendidos.

Además, se refiere que desde un helicóptero se disparó sobre una manifestación pacífica que se congregó en la Plaza de Armas, frente a la municipalidad de la ciudad. En el salvaje ataque a los civiles, murieron dos jóvenes, mientras cuatro niños fueron heridos por las balas. De entre ellos, una niña de cuatro años está grave, por haber recibido el impacto de la bala en el abdomen, mientras estaba en la azotea de su casa.

También se informó que habrían más de 150 comuneros se hallan detenidos en el cuartel militar "El Milagro", en Bagua, mientras que otros 19 habrían sido "trasladados" por helicópteros hasta la ciudad de Chiclayo. De otro lado, se ha denunciado que 10 indígenas de la provincia de San Ignacio participantes de las movilizaciones están como "desaparecidos".

EL ESTADO PERUANO USURPA A LAS COMUNIDADES NATIVAS

El Decreto Ley 20653, conocida como Ley General de Comunidades Nativas (dada un 24 de junio de 1974, declarado desde entonces Día del Campesino) fue promulgada por la dictadura militar encabezada por el general Juan Velasco Alvarado. Mediante esta norma se reconoció la "existencia legal y la personería jurídica de los pueblos indígenas amazónicos y sus territorios, declarándolos inalienables, inembargables e imprescriptibles", confirmándolo en la Constitución Política de 1979. Sin embargo, esto fue borrado de un plumazo por la Constitución fujimorista de 1993 (que marcaba el inicio de la dictadura cívico-militar del hoy sentenciado Alberto Fujimori) para dejar el camino abierto al despojo y saqueo por los gobiernos sucesores y abriendo la puerta para el Tratado de Libre Comercio (TLC), que con los Decretos Legislativos de la actual gestión aprista ya han adquirido fuerza de Ley.

De esta manera se ha allanado el camino para la normatividad que el propio Estado declare los territorios de los pueblos originarios: "negociables en función de la economía del mercado". De esta forma, el Estado peruano ha puesto en evidencia su carácter de instrumento de dominación y aprovechamiento de las clases explotadoras en nuestro país, que buscan seguir expropiando no sólo los derechos políticos, sino también los propios recursos a nuestras poblaciones indígenas.

Como comunistas libertarios, declaramos que el derecho a la libre autodeterminación de las comunidades originarias y nativas es un ejercicio auténtico de poder popular, pues se basa en principios comunitaristas, de gestión, aprovechamiento y uso colectivo de los recursos naturales, y en las propias formas de trabajo y beneficio común que ancestralmente se conservan en la Amazonía que tiene 31 de los 114 zonas de vida o ecosistemas mundiales, 95% de los bosques del país y un importante potencial de recurso hídrico o hidro-energético.

La agudización del enfrentamiento entre el pueblo y el Estado, que defiende los intereses del capital imperialista, es la mejor muestra que en el análisis de la lucha de clases actual, la contradicción principal que se desarrolla es la del capital (externo e interno) versus el trabajo. Así lo han entendido intuitivamente grandes sectores de la clase proletaria y el campesinado, que se ha sumado solidariamente a las protestas de los amazónicos, pues de la misma forma en que son avasallados los derechos de las comunidades a gozar libremente del producto de su trabajo, lo han sido ya los campesinos y proletarios.

HISTORICO PRONUNCIAMIENTO DE INDÍGENAS DEL ABYA YALA

Cabe recodar que recientemente concluyó una importante reunión de comunidades originarias andinas en la región sur del Perú, específicamente en Puno. Este encuentro fue la "IV Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala" que se clausuró el pasado domingo 31 de mayo con el compromiso unánime por el respeto de la madre tierra y los recursos naturales en provecho del ser humano y el rechazo enérgico de la privatización del agua y a la presencia de empresas transnacionales y el modelo económico neoliberal.

Todos estos postulados están comprendidos dentro de la "Declaración de Mama Quta Titikaka" (Lago Titicaca, entre Perú y Bolivia), donde también se acordó movilizar a las organizaciones sociales y originarias para el mes de junio en defensa de los pueblos amazónicos y hacer marchas o mítines frente a la Embajada peruana en cada país.
Es importante, así mismo, resaltar el carácter de esta Cumbre indígena que lleva en esencia el germen auto-organizativo por el cual nosotros, militantes libertarios, apostamos, ya que en sus recomendaciones finales se planteó "la construcción de Pueblos Plurinacionales Comunitarios, que se fundamenten en el autogobierno y la libre determinación de todos los pueblos".

Así mismo, cabe denunciar la labor que cumplen los medios periodísticos oficiales empeñados en desinformar, desvirtuar u ocultar las justas medidas que se viene acatando en la selva peruana; en contubernio con el gobierno neoliberal y genocida de turno y sus cabezas Alan García; el vicepresidente y almirante en retiro responsable de las matanzas en los penales durante el primer gobierno aprista de los 80s, Luis Giampietri; el primer ministro, Yehude Simon, otrora dirigente izquierdista, incluso encarcelado por sus ideas y ahora fiel guardián de la reacción aprista, y la propia Ministra del Interior, la aprista Mercedes Cabanillas, quienes han derramado la valiosa sangre de nuestro pueblo.

Es claro ver que para la burguesía que controla el Estado bajo órdenes imperialistas, el camino hacia el despojo de las comunidades constituye un plan para destruir su propio tipo de organización social y la relación que los entrelaza con su territorio, esto por cuanto, en su esencia se contrapone con el criterio occidental de propiedad privada y por ello significa un freno a la voracidad del capital transnacional que busca insertarse en esas zonas, usurpándolas en alianza con el Estado y convertirlas en feudos que garantice prosperidad y dominio a los explotadores.

El mismo presidente Alan García miente "sutilmente" cuando dice que de los 63 millones de hectáreas que tiene la selva peruana, solo 12 millones le corresponde a las comunidades amazónicas, cuando en realidad son más de 25 millones.

En tanto, como libertarios entendemos que la lucha del pueblo indígena, amazónico y andino, por la defensa de sus territorios, de su organización, y de su cultura, se halla inscrita dentro de un programa mínimo que implica la conquista de las reivindicaciones de los pueblos oprimidos por el Estado, el Capitalismo y el Imperialismo. Esta plataforma mínima se orienta al ejercicio de la acción directa para la expulsión de las transnacionales de sus territorios. Ello en defensa de la integridad y sostenibilidad del hábitat y el ecosistema de la región -la cual, hay que recordar, constituye uno de los "pulmones" del planeta-, y por un desarrollo sostenible y la explotación planificada de la flora y la fauna, en base a criterios determinados por las comunidades. Además, se debe organizar la autodefensa activa para la recuperación de sus territorios, la salvaguarda de los mismos y la integridad física de la población.

Por ello, creemos que la auténtica solidaridad activa con la lucha amazónica e indígena será profundizando la protesta popular (agitación, propaganda, huelgas, paros, acciones directas, etc.) e incorporando en toda plataforma de lucha nacional e internacional, la de los pueblos originarios.

IMPULSAR LAS DEMANDAS DE LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS

-Derogatoria de la normatividad que atente o vulnere los interese de las Comunidades Nativas y Campesinas. Es decir, la derogatoria de la Ley Nº 29317 o nueva la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, producto de una apresurada y parcial modificación del Decreto Legislativo Nº 1090 (Ley de la Selva) y los conexos decretos legislativos 1089, 1064 y 1020. Es decir, los 99 decretos impuestos y jamás consultados a los pueblos.

-Exigir el respeto de la autonomía y autodeterminación de las comunidades nativas y su participación política activa en la toma de decisiones y en la aprobación o no, a través de los mecanismos de la democracia directa (Asambleas populares, referéndum, etc.) de la normatividad que la beneficie y garantice su libertad de uso de sus territorios, flora y fauna, teniendo los diferentes gobiernos que respetar su intangibilidad.

-Exigir beneficios y facilidades para que las comunidades o pueblos originarios puedan desarrollar sus actividades productivas, de comercio, e industrialización, con la perspectiva del control directo de estos procesos por los mismos pobladores basándose en principios autogestionarios y de socialización.

-Exigir beneficios y facilidades para la apertura y promoción de la educación y cultura en las comunidades (desde estas y hacia estas). Más colegios, docentes capacitados, promover la profesionalización de los estudiantes indígenas. Es decir, la construcción de un sistema educativo racional y de calidad alejado de las tendencias competitivas y voraces que ordena el mercado capitalista mundial.

-Exigir los mayores beneficios de las actividades de exploración y explotación del Petróleo y el Gas, en favor de los pueblos originarios, así como la edificación de Hospitales, carreteras y la infraestructura que requiera, siempre que sean de la aprobación de los pueblos mismos y se gestione los mecanismos para el óptimo control y administración por las mismas comunidades.

-Cese inmediato a la campaña de criminalización de la protesta que ha emprendido el gobierno aprista y la derecha peruana, además del alto al hostigamiento de luchadores sociales y a la creación de constantes psicosociales que desvíen la atención social sobre los problemas reales en el país. Además, que se investigue, juzgue y sancione a los responsables operativos y políticos de la matanza del 5 de junio a través de los mecanismos de la justicia popular.

-Que el gobierno reconozca el derecho de los pueblos originarios a organizarse autónomamente y ejercer libremente sus mecanismos de autodefensa popular.