La ley de protección patrimonial de las azucareras, ¿a quién protege?

La ley de protección patrimonial de las azucareras,

¿a quién protege?

A propósito de las recientes jornadas de movilización de los trabajadores azucareros

Contrario a la voluntad que los trabajadores azucareros han manifestado durante las protestas de los últimos dos meses, el presidente Alan García se niega a prorrogar la Ley de Protección Patrimonial (Ley Nº 29299) la cual evita que el activo de las empresas agrarias azucareras sean objeto de embargo y remate por las cuantiosas deudas que aún mantienen, con el fin de dar un ambiente de “seguridad jurídica” que permita a los inversionistas privados administrar sin riesgos la producción.

A efecto de la citada norma, las empresas en las que el Estado (al 1 de enero de 2009) tenga participación accionaria en su capital social, no solamente logran privilegiarse con la protección patrimonial –suspensión de la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales, etc.-, la cual vencía el 31 de diciembre del 2010, sino que el Gobierno para aligerarse la carga de las mencionadas acciones y su responsabilidad con las mismas, inicia a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) el proceso de transferencia de sus acciones.

El proyecto de Ley 4363/2010 presentado el pasado 20 de octubre a la Comisión Agraria por el congresista aprista Mario Alegría Pastor, de ser aprobado, postergará “la transferencia franca” y el saneamiento financiero de los ingenios en cuestión (Pomalca, Tumán y Cayaltí), empresas que hasta ahora no han presentado sus estados financieros a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores CONASEV. El Estado peruano posee el 32.88% de las acciones de Pomalca, el 7.22% de Tumán y el 23.53% de Cayaltí. La propuesta aprista pretende extender la protección hasta por un año posterior a la transferencia de las acciones del Estado.

El proyecto de ley, aprobado el pasado 2 de diciembre en el Congreso, fue devuelto por el Ejecutivo para su revisión quien observó la norma por “inconstitucional”, la Comisión Agraria del Congreso ratificó la propuesta aprobando el 19 de enero por unanimidad un dictamen por la insistencia de la prórroga de la ley.

Pomalca, tumán y cayaltí, ocho años después: Deudas de azucareras asciende a S/.357 millones

Este régimen legal especial de protección patrimonial data del 2003 con la Ley Nº 28027, Ley de la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera, promulgada en nombre del rescate de las ex cooperativas en crisis para reimpulsarlas con un proceso de reactivación y saneamiento pagando ordenada y sistemáticamente sus deudas. Fue propuesto como régimen excepcional y transitorio, que debía regir por un plazo de un año (2004), pero desde entonces sucesivas leyes han ampliado su vigencia hasta el 31 de diciembre 2010 (Ley 29299). Ocho años han transcurrido desde su incorporación y a pesar de no haber cumplido su cometido, el Pleno del Congreso pretende ampliar un año más la protección patrimonial. Hay quienes han sostenido que suspendiendo los embargos de los bienes de las azucareras, se protege los intereses de los trabajadores. Sin embargo, un grupo importante de acreedores de las tres empresas azucareras está integrado por los propios trabajadores a quienes no se les canceló su remuneración o sus beneficios sociales, los cuales continúan siendo aplazados. En un escenario de múltiples embargos, la Constitución Política señala que el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador (Art. 24).

Mientras tanto, libres de cualquier amenaza de embargo, el 2009 los ingresos de Pomalca ascendieron a S/.107 millones, Tumán a S/.113 millones y Cayaltí a S/.22 millones. Para el 2010 esperan mejores resultados, el precio internacional del azúcar alcanzó los US$788 dólares la tonelada, cuando en los últimos años no superaba los US$300. Los administradores judiciales de las tres empresas azucareras deben estar disfrutando de la bonanza económica libres de sobresaltos, mientras tanto no se resuelve la situación que obligó a establecer la protección patrimonial.

La deuda tributaria de estas empresas azucareras asciende a S/.357 millones, según fuentes del Ejecutivo; Pomalca debe S/.103 millones, Tumán S/.235 millones, Cayaltí adeuda S/.18 millones. La Superintendencia de Banca y Seguros SBS, señala que Tumán debe 40 millones y Pomalca 34 millones de soles a las AFP; así mismo, el saldo, al 31 de diciembre 2010, a EsSalud es: Tumán (S/.53,525,325) y Pomalca (S/.13,367,727) y Cayaltí (S/.5,802,822).

Administración Oviedo: Inversiones poco claras

El grupo Oviedo cuenta con 13% de las acciones tanto en Pomalca como en Tumán. Inicia la gestión como administrador judicial en Pomalca en 2005, pagando 10 céntimos por cada acción debido a la crisis de la empresa; en Tumán los trabajadores aún tienen el 56% de las acciones.

Los Oviedo siendo propietarios de varias empresas comercializadoras de azúcar: Shema SA, Mega Supermayoristas SAC y D’Libano inversionistas SAC; tienen una posición privilegiada para la distribución del producto, lucrando con la intermediación.

Los ingresos que ahora son de S/.18 millones mensuales en Tumán no repercuten en la masa laboral, pues sólo se destina para la planilla S/.3.5 millones; hay trabajadores que sostienen que este despegue ya estaba planificado con anterioridad a la presente administración, pero que el Grupo Oviedo hace malos manejos invirtiendo el activo de las azucareras en el Club Deportivo Juan Aurich, contratando jugadores con fabulosos sueldos. En esta línea, el congresista Andrés García Belaúnde ha manifestado que Oviedo “es un grupo mafioso, tiene más de 50 procesos penales por estafa, uno de ellos por tráfico ilícito de estupefacientes y lavado de dinero”, según sus palabras.

La perennización de grupos con escasa participación en el capital social y mínima inversión es uno de los argumentos de la observación a la autógrafa de ley; además de que la medida contribuiría a que Oviedo siga haciéndose pasar como “perro muerto” para no pagar sus obligaciones con los trabajadores, jubilados, EsSalud, ONP, Sunat, etc.

Entonces, el pasivo de los Oviedo, se multiplicó por 11 en los siete años de vigencia de la Ley de Protección Patrimonial hasta llegar a S/.726 millones; es decir, el clan Oviedo habría abusado de la protección contra embargos para aumentar descomunalmente la deuda en S/.663 millones, casi S/.100 millones por año, dejando así a las empresas prácticamente quebradas.

La ambición de Gloria. Si alguien pierde otro gana

Además de las tres azucareras lambayecanas, hay otra empresa del mismo rubro beneficiada con esta ley: la Empresa Agroindustrial Casa Grande (Ascope, La Libertad) -donde los hermanos Rodríguez Banda, propietarios del Grupo Gloria, son titulares del 75% de las acciones- que consiguió acogerse a los beneficios de la protección patrimonial falsificando acciones del Estado. Gloria también es accionista mayoritaria de las agroindustriales liberteñas Cartavio, Chiquitoy, Sintuco; y San Jacinto (Ancash); habiendo comprado desde el 2006 un total de 60,000 hectáreas en las citadas empresas, convirtiéndola en propietaria de la mayor extensión de tierras agrícolas en el Perú y en renovadores del latifundio.

En noviembre del 2010 uno de los trabajadores de Pomalca denunció que dentro del equipo de la consultora Deloitte & Touche, encargada de valorizar las acciones estatales en la azucarera lambayecana, laboraba Juan Calisaya Medina, asesor de la alta gerencia del Grupo Gloria, propietaria de la empresa Coazúcar.

Gloria es responsable de más del 50% de la producción nacional de azúcar y ha manifestado su interés en adquirir las acciones del Estado en las empresas agroindustriales de Lambayeque. Si se concreta la adquisición, concentraría el 90% de la producción azucarera del país, consolidando el monopolio en la producción y distribución.

Trabajadores enfrentan al Ejecutivo y al Congreso. ¡La lucha continúa!

Desde diciembre del año pasado los trabajadores azucareros han manifestado con diferentes medidas de protesta el pedido de la promulgación de la ley de protección patrimonial, registrándose enfrentamientos con la Policía por bloquear diversos accesos a Chiclayo incluida la carretera Panamericana y dos puentes. Los ingenios azucareros de Pomalca y Tumán, que en conjunto producen el 20% de azúcar a nivel nacional, iniciaron la paralización de sus actividades el pasado 10 de enero.

También protestan por el remate de las acciones del Estado en la empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A. que es administrada por la para estatal Corporación Financiera para el Desarrollo (COFIDE), responsabilizándola de incrementar la deuda de 54 millones a 160 millones de soles por presuntos malos manejos de esta corporación. Asimismo, el Comité Central de Defensa Patrimonial ha conformado piquetes quienes custodiarán las 24 horas del día los ingenios para impedir los embargos de acreedores privados, varias de cuyas acreencias son cuestionadas por los trabajadores debido a su origen sospechoso. Sin embargo hace poco Cayaltí puso en conocimiento de sus acreedores que iniciará el cumplimiento de los pagos establecidos de acuerdo al cronograma en forma mensual a partir del lunes 31 de enero del presente.

El secretario general de la Federación de Trabajadores Azucareros del Perú (FTAP), Demetrio Ruiz, informó que de no promulgarse hasta el 31 de enero la Ley de Protección Patrimonial, se paralizaría el sector azucarero a nivel nacional, lo que también ocasionaría que los especuladores comercialicen este producto de primera necesidad a precios muy por encima de su valor real. Ruiz, acompañado de los distintos dirigentes y trabajadores azucareros del norte marchó hasta el Congreso de la República para exponer la problemática que atraviesan y que viene afectando el normal funcionamiento de las empresas azucareras. Asimismo, el Gerente de Pomalca, Antonio Becerril, denunció que el Gobierno acaba de extender por cinco años más la exoneración del pago del Impuesto General a las Ventas IGV a las empresas aéreas nacionales para apoyar su desarrollo, “entonces por qué cierra las puertas a la industria azucarera, de la que dependen cincuenta mil familias”, dijo.

De los nueve trabajadores azucareros que desde el 8 de enero acatan una huelga de hambre en la iglesia del distrito de Pomalca, cinco de ellos fueron trasladados a una clínica privada, por su delicado estado de salud, por falla renal. Los trabajadores que levantaron la huelga de hambre serían relevados por otros azucareros que están dispuestos a tomar esta medida de lucha. Además, treinta azucareros continúan huelga de hambre en la Plaza Dos de Mayo, en el centro de Lima. En la capital, manifestantes provenientes de Chiclayo marcharon hasta el Congreso, durante la marcha los trabajadores quemaron afiches y un ataúd con la imagen del ministro de Economía, Ismael Benavides; así como carteles con “SUNAT, organismo carroñero” que ha embargado la maquinaria pesada de las azucareras, así como –junto con la Oficina de Normalización Previsional (ONP)- ha embargado las cuentas bancarias de las industrias.

Para ayudar a la población y demostrar que el precio del azúcar sube pero no por culpa de ellos, los trabajadores azucareros vendieron azúcar en la Plaza Dos de Mayo y en la Plaza Manco Cápac en La Victoria a dos soles el kilo, cuando en el mercado se comercializa a un promedio de S/.3.50 el kilo. Varios miles de personas hicieron cola –como en el primer gobierno de García-, por lo que fue necesario la presencia de la Policía para resguardar el orden y evitar que pueda darse un saqueo.

Si bien la adquisición de acciones por parte de los trabajadores tiene preferencia (Ley 29388), éstos podrían ser víctimas de especuladores, quienes podrían ofrecerles precios ínfimos por sus acciones. El vencimiento de la protección generaría incertidumbre entre los trabajadores e inversionistas que deseen adquirir las acciones del Estado, pues luego de adquirirlas podrían ser embargados por los acreedores. Un día después de aprobada la prórroga en el Congreso, el 3 de diciembre 2010, la Bolsa de Valores de Lima dio cuenta del desplome de las acciones de Pomalca en 9,46%, mientras que las acciones de Tumán perdieron 7,89%. Para los trabajadores ese desplome, ha conllevado una pérdida de S/.2,9 millones en valor de sus acciones en Pomalca, y en Tumán la caída ha sido de S/.6,8 millones.

En la tercera semana de enero, al menos unas 500 personas fueron desalojadas de predios de la propiedad de la empresa Tumán, ubicados en el sector Pampa el Toro. Sin la presencia de un representante del Ministerio Público, ni del Juzgado de Paz del distrito de Tumán, la Policía empleó la fuerza para sacarlos de la zona. Los afectados dijeron que habían recibido la promesa de los directivos de la empresa de que les darían las tierras si los apoyaban en sus protestas por la Ley tanto en Chiclayo como en Lima. Muchos de ellos recién habían llegado de Lima y se encontraron que las chozas que habían levantado ya no existían.

Flor América

(Desde Lambayeque, especial para el periódico Avancemos)