domingo, 6 de septiembre de 2009

¡Amazónicos se preparan para reanudar la lucha!

Diálogo del gobierno es una burla: la represión continúa
¡AMAZÓNICOS SE PREPARAN PARA REANUDAR LA LUCHA !


Sigue la “cacería” a los luchadores sociales amazónicos. Pese al pregonado “diálogo” de parte del gobierno, la persecución a la rebelión nativa -tras la represión sangrienta en Bagua- continúa sin tregua. Esto evidencia que no sólo la promulgación de la supuesta derogatoria de los Decretos de Urgencia 1090 y 1064 (que formaban parte del nefasto paquete denominado “Ley de la Selva”) y la formación de la “Mesa de Diálogo” entre el Gobierno y AIDESEP, han sido parte de una maniobra del Estado para ganar tiempo, aplacar la creciente rebelión popular y proseguir sin cese, la persecución de los nuevos “enemigos del Estado”.

Además de Alberto Pizango, que obtuvo su salvoconducto con destino a Nicaragua (17 junio 2009) y que ya se encuentra en dicho país, aunque el gobierno peruano está tramitando su extradición, el 8 de julio pasado, se asilaron también en la Embajada nicaragüense, Saúl y Cervando Puerta Peña, Secretario Nacional de Aidesep y Presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (Orpian), respectivamente. Todo esto ocurrió pese a que el último 15 de junio -una semana después de la masacre de Bagua- el entonces Premier Yehude Simon en reunión con los indígenas de la Selva Central en San Ramón (Junín) aseguró que él mismo se ocuparía de poner fin a las persecuciones. Pero eran sólo mentiras.

Lamentablemente, los propios dirigentes y “Apus” indígenas firmaron ese día el “acta de entendimiento”, con el que levantaron la protesta popular. ¿A cambio de qué?

El asilo de los dirigentes se inició a raíz de una orden de detención y búsqueda a nivel nacional firmada por la titular del Juzgado Penal 37 de Lima, Carmen Arauco Benavente, acusando a Pizango, los hermanos Puerta Peña de delitos contra la paz pública y apología de sedición y motín en agravio del Estado en los “actos de violencia en Bagua”. Es decir, se les persigue por haber sido víctimas de una masacre y haber sobrevivido. Esta misma acusación también fue dictada contra Marcial Mudarra Taki y Teresita Irene Antazú López. Estos últimos dirigentes perseguidos no se asilaron, pero sí retornaron a sus comunidades de origen, donde al parecer se habrían refugiado.

PROCESOS PENALES SIGUEN EN CURSO

Desde que se produjeron los enfrentamientos sangrientos en Bagua y Utcubamba aquel fatídico 5 de junio, en el Juzgado Penal de Bagua sigue abierto proceso judicial contra 25 pobladores e indígenas, por “el secuestro de más de 20 policía y el asesinato de 11 policías en la Estación Nº 6”; y en el primer Juzgado Provincial Penal de Utcubamba existe proceso judicial en curso contra 3 pobladores por “disturbios y contra otros 56 por “la muerte de 12 policías, lesiones graves en contra de 18 policías, y atentados contra la propiedad pública, tenencia ilegal de armas y destrucción de medios de transporte públicos”.

Si para aceptar participar en la Mesa de Diálogo con el gobierno, las comunidades indígenas de la Amazonía, representadas por AIDESEP u otros gremios, han incluido el cese a la persecución a sus dirigentes, a los pobladores e indígenas participantes en la lucha social y los sucesos sangrientos de junio, entonces la diplomacia ha fracasado rotundamente, y una vez más el Estado se sigue riendo de los “vencidos”.

JUICIOS Y DETENCIONES IRREGULARES

Por si esto no bastara, incluso para evitar actos de protesta durante los procesos, se ha dispuesto, pasando por sobre sus propias disposiciones y el principio jurisdiccional del Juez Natural, trasladar a otros tribunales los juicios.

Según denunciara el 19 de junio pasado, Ketty Herrera, abogada de la Conferencia Episcopal de Acción Social (CEAS), 18 internos del penal de Bagua Grande fueron trasladados de pronto al Penal de Chachapoyas, el mismo día que el relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, arribaría a Bagua para constatar la situación en que estos se encontraban. Según refirió Herrera, la mayoría de los detenidos tenían huellas de de los maltratos y torturas a las que fueron expuestos durante su detención.

LOS DOCENTES, NUEVOS BLANCOS DE LA REPRESIÓN

Por su parte, el Programa de Formación de Maestro Bilingües de la Amazonía Peruana, hizo la denuncia sobre el caso de la profesora Maritza Ramírez Tamani, quien fue notificada por la Quinta Fiscalía Provincial de Maynas para presentarse el 26 de agosto, a una citación que se le ha hecho por el presunto delito “contra el Patrimonio, extorsión y por apoyar el bloqueo en el río Napo y Curaray”.

A este caso, se suma la persecución del que es victima el profesor quechua Roberto Martínez -ex Presidente de la Asociación Nacional de Maestros en Educación Bilingüe Intercultural-, acusado de “terrorismo”, por estar comprometido en la lucha de los maestros indígenas bilingües contra los decretos legislativos del gobierno, que impiden el ingreso a la formación magisterial en Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de jóvenes indígenas, vulnerando de este modo el derecho de los estudiantes a ser educados en el marco de sus lenguas y culturas, que supuestamente dice defender la legalidad burguesa.

EL CASO DE SANTIAGO MANUIN



Sin embargo, uno de los más notorios casos de ensañamiento de la represión y la “justicia” del Estado peruano, es el del dirigente indígena awajun y reconocido luchador social, Santiago Manuin Valera, quien ya ha tenido que afrontar más de cuatro operaciones quirúrgicas para salvar su vida, tras ser abaleado reiteradamente por la Policía durante la masacre de Bagua.

Manuin fue trasladado hace poco desde el Hospital de Las Mercedes (donde estuvo durante 60 días) a la Clínica del Pacífico de Chiclayo (Lambayeque) para ser operado. Esto, pese a las protestas de su abogado, Norbet Mondragon, quien denunció que el nosocomio al que ha sido conducido Manuin, no cumple las normas sanitarias requeridas para su operación.

Como se sabe, Manuin fue una de las primeras víctimas de los disparos de la Policía, que tras asestarle 8 balas en el cuerpo, lo dieron por muerto y lo abandonaron en la carretera. Según testigos de la masacre de Bagua, esto ocurrió en momentos en que Manuin trataba de apaciguar los ánimos de los indígenas frente a la superioridad armamentística de los policias. Pese a ello, pesa sobre él la acusación por el supuesto delito de homicidio calificado del suboficial PNP Jorge Luis Calle Roque. Por ello, un fuerte contingente policial sigue esperándolo para detenerlo. Ante ello, Mondragón ha presentado ante la Sala Mixta de Utcubamba, sus alegatos para que se le levante la orden de captura. Aun no se sabe la decisión final.

Sobre el caso de este dirigente awajun, es necesario citar que en tres meses ha tuvo que someterse a 4 operaciones quirúrgicas: La primera para salvarle la vida, tras ser acribillado, otras más para seguir reparando las gravísimas heridas que se le inflingieron. En una de las últimas, se le retiró una coleostomía, que se le realizó para tratar de conectar sus intestinos, perforados por las balas criminales de las “fuerzas del orden”. En otra se le implantó un injerto de piel en la espalda, a fin de cubrir un gran orificio de bala, huella de la masacre a la que sobrevivió. La operación que se le ha practicado hace unos días, ha logrado, al fin, unir su intestino grueso y su intestino delgado y desconectarlo de la maquina artificial que mantenía operativas sus funciones digestivas.

¿Acaso es más el temor a lo que pueda declarar quien fue uno de los principales testigos y víctima a la vez de la masacre?, lo que ha mantenido a la Policía esperando apenas se le dé de alta para capturarlo y detenerlo antes que declare a la prensa. Sin embargo, la reciente orden del Poder Judicial de modificar la orden de detención que pesaba sobre él, por la de comparecencia restringida, al no haber suficientes pruebas para acusarlo y además al no existir riesgo procesal de fuga, permite a Manuin respirar más tranquilo, por ahora.

Por su parte, Manuin ha descartado la posibilidad de pedir asilo político y ha reafirmado su inocencia ante las acusaciones de parte del Estado. Pero cabe señalar que ya fue confrontado con el dirigente amazónico Sixto Kentay Reátegui, en el marco de las investigaciones sobre el “Baguazo”. La diligencia fue en la misma clínica Del Pacífico, y ante la presencia del juez del Primer Juzgado Penal de Utcubamba, Francisco Miranda Caramutti, la nueva fiscal Olga Bobadilla. Kentay, fue trasladado allí para la diligencia, desde su reclusión en el penal de Chachapoyas.

MESAS DE DIALOGO: TÁCTICA DILATORIA

Tras el Acta de Entendimiento firmada entre dirigentes indígenas amazónicos, el ex Premier Yehuide Simon y otros funcionarios del Estado, se dio el cese al Paro Amazónico que tuvo su punto más alto de enfrentamiento el 5 de junio, con los sucesos sangrientos de Bagua y Utcubamba.

El 22 de junio entra en funciones el “Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos”, que instala cuatro mesas de diálogo en las cuales se buscará dar una salida pacífica al conflicto propiciado por los Decretos Legislativos dictados por el gobierno en perjuicio de las comunidades nativas. Sin embargo, las ausencias y dilaciones en las mismas, por parte de los representantes del gobierno son continuas.

Al conformarse las Mesas, tenía la dirección de las mismas el entonces Ministro de Agricultura, Carlos Leyton, quien luego de ser removido de su cargo ha asumido estos grupos de trabajo el nuevo ministro, Adolfo De Córdova, quien actualmente está acusado de vender -en 1998- un terreno sin saneamiento hipotecario. Es decir, recibió por una operación de venta de un terreno de su propiedad la suma de 35 mil dólares, sin advertir a los nuevos propietarios que dicho predio tenía pendiente una deuda hipotecaria por 128 mil soles con la Mutual de Vivienda de Arequipa, en Liquidación. El terreno ahora les ha fue embargado a sus nuevos dueños, los cuales tienen un proceso judicial contra el ministro De Córdova. ¡Joyita de ministro!


En tanto, las Mesas de Trabajo están orientadas a conformar la Comisión ad hoc para investigar los hechos de Bagua, otra, debatirá propuestas de desarrollo para la amazonía, otra, busca regular el derecho a consulta previa y otra, a estudiar los 7 decretos legislativos que los pueblos indígenas consideran inconstitucionales y faltan derogar. Pero de por sí, las conclusiones de las Mesas no tendrán carácter vinculante, es decir, fuerza de ley, sin la respectiva resolución ministerial.

¿Y LA COMISION DE LA VERDAD SOBRE BAGUA?

¿Pero como van esas “Mesas de Diálogo”? Según refirió a la prensa, el 3 de agosto pasado, el vocero y coordinador por la AIDESEP en la Mesa Nº 1 (encargada de conformar junto con el gobierno la comisión ad hoc que investigará los sucesos de Bagua) Carlos Navas del Águila, no habría voluntad del Gobierno para investigar lo ocurrido el 5 de junio en la Curva del Diablo, y en la Estación 6 del oleoducto norperuano. Es decir, la masacre de Bagua y la cruenta respuesta indígena a dicha matanza.

Según el representante de AIDESEP, “la demora del Ejecutivo en presentar la lista de personas que podrían integrar la comisión investigadora es una clara muestra de que no tiene interés en que se conozca un hecho que lleva dos meses sin aclararse”. Por parte de los indígenas se había presentado una lista de siete miembros propuestos al ex ministro de Agricultura Carlos Leyton, en el pleno de las mesas de diálogo.

Leyton, que ya sabía que iba de salida, refirió que la propuesta sería trasladada al Ministro entrante y la comisión investigadora se nombraría pronto, así como la resolución suprema para facultar el trabajo de los comisionados.

En la siguiente reunión se pidió a los dirigentes indígenas la semblanza ampliada de los personajes propuestos. Además, se cambió sorpresivamente al secretario ejecutivo de las mesas de trabajo, representante del equipo técnico del Ministerio de Agricultura.
Los representantes propuesto por los indígenas son: Manuel Bernales, Jorge Bruce, Ricardo Cuenca Pareja, Maricarmen Gómez Calleja, Pilar Mazzeti, Juan Rimachi Montoya y Alfonso Wieland Iturrizaga. Sin embargo, por parte del gobierno aun no hay nada sobre sus representantes.

“La mesa para la conformación de la Comisión de la Verdad está concatenada con las otras dos y, de no conformarse, inmediatamente suspenderemos el diálogo”, ha informado el dirigente de las comunidades indígenas de Río Santiago, provincia de Condorcanqui (Amazonas) Mateo Impi Vitor.

La mesa que evalúa el desarrollo de los pueblos amazónicos, citó al Pleno del Congreso, mediante acta del 9 de julio, para la primera quincena de agosto, para tratar ese tema. De las demás, no hay ningún avance hasta la fecha. Según Mateo Impi, el gobierno maneja un doble discurso, ya que mientras para la prensa y la opinión pública, está abierto al diálogo, por otro lado sigue con la persecución contra los dirigentes.

En torno a un posible reinicio de las acciones de protesta, el coordinador de la AIDESEP en la formación para la Comisión de la Verdad de Bagua, Carlos Navas del Águila, reveló que “en muchas mesas no asisten gente del gobierno y quienes van son representantes, gente sin decisión y ni peso político, por eso llegamos a la conclusión que el gobierno no tiene la voluntad necesaria para este tema”.

Pese a estas señales, el ánimo de la dirigencia indígena es seguir con el diálogo. Sin embargo, el coordinador de AIDESEP ha manifestado que “que los pueblos no se dejarán pisotear por este gobierno ni por ningún otro y están dispuesto a iniciar nuevamente el paro”. Todo depende de la actuación de los funcionarios del gobierno y la paciencia de los pueblos, que no es eterna y que ya está siendo colmada.

¿SE VIENE NUEVO BAGUAZO?



“Al parecer el gobierno está gestando otro 5 de junio, sigue sin escucharnos e ir a la zona, les daremos una oportunidad, pero si no existe intención de conversar por parte del Gobierno Central, expulsaremos a los mestizos y tomaremos instalaciones del Estado dentro de su territorio”, ha declarado recientemente a la prensa el vicepresidente de Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía del Nor Oriente del Perú (ORPIAN), Leandro Calvo.

Además, ha manifestado que exigirán al gobierno que cumpla las promesas del ex Premier, sobre levantar el toque de queda, retirar las tropas, el cese de la persecución de los dirigentes amazónicos, incluyendo la liberación de los 13 detenidos en el penal de Huancas, Chachapoyas. También piden el reconocimiento a los deudos de las víctimas de la masacre, la exoneración del pago en varios hospitales a los heridos de Bagua, las garantías para el retorno de Alberto Pizango de Nicaragua, y otras. Por su puesto, se reafirman en la derogatoria de todos los decretos legislativos que atentan contra sus comunidades.

Finalmente, se ha informado que la reunión de Apus de las comunidades amazónicas del distrito de Imaza, en Bagua han acordado “declarar persona no grata” al presidente regional de Amazonas, Óscar Altamirano Quispe, por prestarse al juego del gobierno, de crear una supuesta división o un paralelismo en el AIDESEP, al juramentar a Alexander Teets Wishu como presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, al cual desconocen como representante, reafirmando en cambio a Daysi Zapata, como sucesora de Pizango en dicho cargo, además de los voceros Salomón Awananch, Zebelio Kayap, Leandro Calvo, Edwin Montenegro, según refieren.

SEGUIR CON EL APOYO A LA LUCHA INDIGENA

Frente a la inminente reanudación de la lucha de los pueblos indígenas contra el Estado por su agresión artera y en defensa de los intereses de transnacionales imperialistas, el papel de los libertarios del Perú debe ser el de apoyar activamente esta protesta y extenderla a todo el mundo en busca de solidaridad militante y sincera.

No sólo salir a las calles a apoyar a nuestros hermanos amazónicos, sino incidir en la orientación libertaria de las luchas sociales, a fin de llevar a un mayor esclarecimiento en la conciencia de los sectores oprimidos por el Capital, el Estado y el Imperialismo. Debemos agitar y esclarecer nuestra posición libertaria. Es sólo dentro de una estrategia de guerra social contra el Capital, el Estado, el Imperialismo y todos sus lacayos nacionales e internacionales, como se podrá llegar a la verdadera emancipación social, que elimine la injusticia, la corrupción, la explotación del hombre por el hombre y del medio ambiente por el capitalismo destructor.

Únicamente de esa forma se podrá defender y preservar la integridad, la autonomía y la libertad de las etnias amazónicas, su derecho a la vida, al desarrollo y a la felicidad, manteniendo su forma de vida que propugna una organización solidaria, comunitaria, sin propiedad privada ni explotación indiscriminada de sus recursos naturales, que tanto los emparenta con el ideal libertario que como anarquistas, sostenemos.

Forjemos pues, los núcleos libertarios de coordinación para la solidaridad activa con los pueblos amazónicos. No caigamos en el entrampamiento del sectarismo dogmático que nada produce. Apoyar estas reivindicaciones inmediatas como pasos concretos al verdadero propósito revolucionario, de la nueva sociedad sin Estado ni Capitalismo.

Francisco Guzmán
USL

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