Análisis del panorama socio-político en el Perú

Análisis del panorama socio-político en el Perú

(Desde la década infame del fujimorato hasta la actualidad)

Ceses colectivos ayer. Despidos masivos y desocupación hoy


El actual panorama de las luchas sociales en el Perú se muestra bastante agitado, en un contexto signado por la crisis financiera mundial y la recesión que nunca se llegó a superar y profundizó el subempleo en el país, para revivir actualmente el fantasma de los despidos masivos.


La gran ofensiva neoliberal en la Latinoamérica de los 90’s, significó el ascenso al poder de la derecha. Esta, en su vertiente más ortodoxa, tras la fachada del “neoliberalismo” ocultaba la salvaguarda de la producción imperialista bajo un régimen económico con muchas aristas proteccionistas, pero que necesitaba este discurso para abrir los mercados de las naciones colonias de América. Allí se gestó el desastre social que silenciosamente se impuso sobre nuestra clase durante los años 90, mientras las cifras macroeconómicas daban el maquillaje de una aparente “prosperidad”.

Como es sabido, en el proceso electoral de 1990, el profundo rechazo que generó la propuesta ultra-liberal del entonces candidato presidencial Mario Vargas Llosa, no generó que las preferencias en las elecciones fuera hacia la el reformismo de las “izquierdas” oficiales en el Perú, sino hacia lo que se denominó un “outsider”, un completo desconocido en la arena política, en buena cuenta, un candidato comodín.


Nos referimos a Alberto Fujimori, un tímido y poco conocido ex rector de la Universidad Nacional Agraria de La Molina (Lima), quien con el apoyo oculto del saliente presidente Alan García y de la CIA norteamericana, a través de su asesor en las sombras, Vladimiro Montesinos, ganó las elecciones con un discurso contrario al de Vargas Llosa. Una vez en el poder, los nuevos mandos se quitaron la careta y aplicaron el mismo programa ultraliberal que “denigraron” durante la “segunda vuelta electoral”. Pero con un ingrediente más, el totalitarismo de bajo perfil que luego se impuso sin medir consecuencias.


Al amparo de las atribuciones legislativas que se tomó el régimen de Alberto Fujimori, se emitió la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (conocida como DL 728) cuyo artículo 34 permite el despido sin motivo justificado (arbitrario) si se paga una “indemnización”. Esta táctica la aplicaron desde entonces y hasta ahora la siguen aplicando tanto empresas privadas como estatales.Tras el Golpe de Estado del 5 de abril de 1992, y para salvaguardar los intereses empresariales con la liberalización de la economía, se implementaron los despidos masivos, registrando las mayores víctimas –obviamente- entre los trabajadores. Ya sean en las empresas privadas como en las públicas, los derechos laborales perdieron terreno, declarándose obsoleta la “estabilidad laboral”.


Un ejemplo ilustrativo es el caso de los trabajadores pesqueros. Los mismos que en 1992 pasaron al despido masivo –en un solo día- de 1,635 trabajadores de Pesca Perú. Mediante el Decreto Ley 25715 (con fecha 11/09/92), se eliminó la probanza de reducción de personal, la negociación colectiva, y el ejercicio a la defensa, vulnerándose el derecho a la Doble Instancia y la Tutela Jurisdiccional.


Es decir, el Decreto Ley 25715 despidió al 95% de la dirigencia sindical, igualmente a los trabajadores con descanso médico, de vacaciones y madres gestantes. Los despedidos no recibieron ningún tipo de compensación y/o incentivos, como tampoco la indemnización por despido arbitrario. Y por si fuera poco, mediante Decreto Ley 26119 (30/12/92), se les impedía incluso ejercer acción de amparo contra dicha norma.Esta nueva legislación en materia de sindicalización y huelgas golpeó a la organización sindical, bastante alicaída, pero aun subsistente.


A ello hay que sumarle la creciente represión de las fuerzas policiales y militares, con características de genocidio silencioso, ante la cual mantuvieron un medroso silencio los principales dirigentes sindicales a fin de seguir manteniendo su carné de buena conducta que le expidiera el sistema y no ser señalados como “terroristas” por "avivar" la protesta social.


Tengamos en cuenta que entonces se vivía el periodo más violento de la guerra interna iniciada en 1980 por el Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso) y en 1983 por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que fueron el pretexto irrefutable del Estado para emprender una represión indiscriminada, con el beneplácito de la opinión pública manipulada y los medios de comunicación totalmente parametrazos y serviles, así como de la izquierda reformista y legalista, que solo se empeñaba en obtener algún escaño en el parlamento burgués, cayendo en entrampamientos de divisionismos y sectarismo.


El resultado, miseria, represión y cientos de miles de trabajadores despedidos mediante ceses masivos compulsivos, donde incluso se les impusieron “incentivos” para que renuncien y si no aceptaban, eran echados sin indemnización alguna. Pese a los reclamos dispersos de algunos sindicatos de base de la central CGTP, los despidos se siguieron dando, ante la complicidad de un Poder Judicial dominado por la mafia fuji-montesinista, que declaraba improcedente toda acción de garantía. Sólo algunos casos de demandas de trabajadores llegaron hasta la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Lamentablemente pocos sobrevivieron o soportaron el engorroso proceso. Apenas si hace un par de año, los afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima (Sitramun), han logrado finalmente que el Estado reconozca y empiece a acatar una Sentencia de la CIDH para su reposición e indemnización, por citar un ejemplo.


Para los despedidos de la actividad privada nunca hubo justicia. Caso contrario fue el de los estatales, quienes tras insistentes luchas encabezadas por algunos sindicatos heroicos, lograron arrancar –tras la huída de Fujimori a Japón y la caída de su régimen- al nuevo gobierno de “Emergencia y Reconstrucción Nacional” una Ley cuya intención era resarcirlos.Así surgió la Ley 27803, también fue llamada la “Ley de los Ceses Colectivos”, en alusión al caso que la originó. Esta norma estableció cuatro tipos de beneficios (Compensación económica, jubilación adelantada, y reposición y reubicación laboral) en las que se les resarciría a los afectados. Lamentablemente, hasta hoy se han dado sucesivamente 3 listados de beneficiados, a los que hasta ahora no se culmina de otorgar su “beneficio”.

Además, se espera un último listado (La Cuarta Lista), a raíz de la protesta de los excluidos de las tres anteriores, por haber estado todo el proceso de elaboración de las listas, plagado de irregularidades y actos de corrupción, promovidos o apañados por las centrales sindicales. Sin embargo esta nueva y aparentemente final lista también ya está plagada de denuncias sobre irregularidades en su elaboración.


Un panorama laboral sombrío


Entonces, mientras la clase trabajadora despedida y cesante aun no se recupera de la hecatombe social de los años 90’s, ya la joven clase proletaria debe hacer frente a nuevos ceses colectivos. ¿Están preparados para afrontar ese reto y lograr dar una batalla digna o terminar con sus gremios sindicales reducidos a la sumisión, como simples marionetas del sistema de explotación?Los ceses colectivos a nivel de las empresas privadas, principalmente, las del rubro de exportaciones como las mineras y textiles –principales productos de exportación- ya han registrado despidos arbitrarios, seguidos del intento de la patronal, de quebrar la organización sindical.

Según informes de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) totalizan, desde noviembre del 2008, una cantidad de 6,298 trabajadores mineros despedidos arbitrariamente, hasta hoy, en unas 23 empresas tanto nacionales como transnacionales, las cuales ostentan considerables utilidades, a despecho de salarios insuficientes y condiciones de trabajo deficientes.


El Perú es un país cuya economía tiene un carácter marcadamente dependiente y sustentado en la exportación de minerales. Es el segundo productor mundial de cobre y zinc, el quinto productor mundial de oro y el primer productor mundial de plata, pero esa fuerza de trabajo que deja no sólo el esfuerzo, la juventud, la salud y la vida en esa actividad, tiene aun condiciones deplorables de vida. Ante esto, la Federación Minera ha decidido retomar su huelga indefinida el 15 de febrero.


De los más de 100 mil trabajadores mineros que existen, según el Ministerio de Energía y Minas, solo 36% están en planillas, y el 64% pertenecen a las “services”. Estas empresas que tercerizan diversos servicios a las mineras, son parte de una cadena de explotación, pues les sirven a dichas empresas para evadir el cumplimiento del total de las obligaciones sociales. Se afirma que se quedan con el 35 a 40% de lo que reciben de las mineras, pero además, incumplen el pago del derecho a vacaciones, jubilación y CTS. Dicho ahorro aumenta las utilidades de las mineras.Antes del Autogolpe del 5 de abril, más del 75% de los trabajadores mineros estaba en planilla, pero ahora ese porcentaje se ha disminuido a 36%.


Pero aun no se aprueba la Ley de Utilidades, que es otro de los puntos de los reclamos de los trabajadores en planilla y tercerizados. Ellos piden que se eleve de 8 a 10 el porcentaje de participación y que se elimine el tope de las 18 remuneraciones que establece el DL 892, por ser “confiscatorio e inconstitucional”, ya que esos fondos van al bolsillo del gobierno, “a través del Fondoempleo”. Dicha “Ley de utilidades alcanza a todos los sectores de la producción. ¡Será ese el motivo que tienen los lobbies de las empresas y del propio gobierno en el Congreso (el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén es miembro del Partido Aprista)


Textiles en lucha. Rebasar las dirigencias reformistas


Otro sector seriamente afectado es el textil. Los que particularmente sufren el embate de la crisis son los trabajadores que han denunciado el despido arbitrario de 2,922 trabajadores sindicalizados de Topy Top, Star Print, Winbledon, Textimax, Grupo Hialpesa, Netalco, Icadie (Diseño & Color), Universal Textil, Nuevo Mundo, Hilado Teñidos S.A.C., Creditex, etc.Las empresas textiles han pretendido con este plan de despidos “matar dos pájaros de un solo tiro”. Es decir, reducir costos despidiendo trabajadores y a la vez eliminar la organización sindical.


Es por ello que estos sindicatos, agrupados en la Coordinadora Sindical Textil, han mostrado bastante actividad en la lucha social desde el año pasado. Conformado por jóvenes obreros principalmente, su organización, pese a estar afiliada a la CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú) ha tenido no pocas críticas desde esta misma central, que los tilda de radicales e ilusos por pretender llevar la lucha de sus gremio a cauces que realmente represente sus intereses como obreros. Eso sin duda, denota la verdadera cara de la central más grande del país que negocia con la patronal con descaro y a espaldad de sus afiliados de base.La inexistencia de una Federación que los agrupe, cuyo primer paso lo constituye el mencionado gremio, dice mucho de la falta de apoyo de una central sindical como se pretende la CGTP, que entonces demuestra que en el sector textil, la organización sindical sigue aun desmembrada.


Por ello constituye un importante avance la constitución de esta “Coordinadora”, cuyos avatares serán materia de un artículo posterior, por ameritarlo las condiciones especiales en las que se viene produciendo este proceso de organización que marcha sin seguir necesariamente los dictados de la CGTP, central sindical dominada por una camarilla proveniente del Partido Comunista - Unidad (estalinista).


Por otra parte, según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el trimestre (julio-agosto-setiembre) del año pasado, el nivel del empleo en el sector manufactura bajó de 731 a 647 mil puestos de trabajo, respecto al mismo periodo del año 2007. Esto significa una reducción del 11.4%, y en términos de tragedia humana una 84 mil personas que perdieron su puesto de trabajo. Se culpa a la crisis internacional y la baja demanda en EEUU de confecciones y textiles. ¿Mejorará esto el TLC? Sin duda lo empeorará.


La competencia frontal de los productos norteamericanos y pronto de los textiles chinos (Ya se avanza al TLC con China, luego de la última reunión APEC en nuestro país) tomarán en estas condiciones a la industria manufacturera peruana.El TLC una vez más en el escenario nacionalEn cuanto al agro, la situación tampoco se presenta alentadora. El hombre del campo sufre la postración no por la ineficiencia de sus fuerzas productivas sino más que nada por la falta de interés aunque sea mínima del Estado por apoyar esta actividad y menos aun darle una planificación, en función de las variables de producción - consumo interno - demanda externa. A pesar de las cínicas campañas publicitarias que hacen el gobierno “en pro-de la agricultura”.


Parecen haber olvidado los gobernantes la prosperidad del Imperio Inca que se basó justamente en el agro, y sin los adelantos tecnológicos de hoy, pero que prosperó más por el sistema planificado de su economía y producción. Es que en este aspecto, la primacía de los principios neoliberales ha terminado por estancar la actividad agropecuaria nacional.


Sobre la irrupción de la producción agropecuaria subsidiada de EE.UU., la Confederación Campesina del Perú (CCP) que "sin pagar aranceles, a precios más bajos que nuestros costos de producción, con lo cual nuestra producción no tendrá mercado, nos arruinaremos y terminaremos perdiendo las tierras para dedicarla a la agro exportación y a la explotación minera".


En esto tenemos como ejemplo el caso mexicano, donde se firmó un TLC con los EE.UU. y Canadá hace 15 años (el mismo día en que levantaba el pueblo de Chiapas), teniendo como consecuencia "la ruina del hombre del campo mexicano, terminando la agricultura dedicada ahora a la agro-exportación. Es decir, México ha pasado de ser abastecedor de alimentos en su país, a ser importador de alimentos en grandes cantidades, las cuales provienen de producción subsidiada de EE.UU.”Este TLC es parte de la nueva estrategia del Imperialismo para asegurarse la posesión de las materias primas y mano de obra baratas, de nuestro país, y un mercado seguro donde colocar su producción agropecuaria subsidiada por su Estado. Además del plan de colonización y xpansión geopolítica que mantiene como política principal.


El panorama actual tampoco es alentador para el campesinado, pero aun, aumentando de ese modo nuestra dependencia, la miseria, la desocupación y la muerte.Los gobernantes de turno y los grupos de poder, utilizando los grandes medios de (des)información a su servicio, difunden que las pingues ganancias que ellos disfrutaran con este tenebroso TLC, también beneficiará al campesinado, al pueblo peruano. Que haremos negocios, saldremos del atraso. Nada más falso.


El TLC, está firmado a la medida de las necesidades el imperialismo norteamericano y de sus sirvientes en cada país, es decir las burguesías nacionales. Sin embargo, solo la unidad del movimiento campesino (en alianza con el proletariado y los sectores en lucha) a lo largo y ancho del país, hará retroceder a la reacción, que usando la demagogia, el engaño y el ocultamiento han impuesto los deseos del imperialismo norteamericano.


Por ello, exigir y luchar por la nulidad del TLC, la derogatoria de los 102 dispositivos inconstitucionales dados para la implementación del mismo, así como las normas que criminalizan nuestras justas protestas, son una necesidad popular que requiere claridad, constancia y organización.


Esta firma del TLC ha venido acompañada de la promulgación de normatividad accesoria, que vulnera los derechos de las comunidades campesinas, expresiones de poder popular que se han logrado mantener desde siglos, basadas en el trabajo colectivo de la tierra y su aprovechamiento igualitario de la misma, a favor de los miembros de la comunidad que debe enfrentar su inminente extinción, por obra de la voracidad del Estado y la burguesía rapaz, que ahora se han convertido en simples “martilleros”, que sólo saben “gobernar” subastando al mejor postor las riquezas del territorio y los destinos del pueblo trabajador.


Por ejemplo, uno de los productos “bandera” del Perú, el algodón, experimenta el peor momento de su producción, a despecho del incremento de su importación.Hacia la década de los 60’s el área de algodón sembrada a nivel nacional llegaba a 220 mil hectáreas anuales, mientras que la producción alcanzaba las 340 mil toneladas anuales.


Sin embargo, para la campaña 2007 – 2008, sólo se sembró 63,792 hectáreas de algodón, mientras que para el 2009 se proyecta que el área cultivada sería sólo de 50 mil hectáreas.Cabe señalar que los actuales niveles de hectáreas cultivadas no permiten cubrir el costo de la producción, razón por la cual el área cultivable va disminuyendo progresivamente.


A esto hay que agregar que las importaciones de algodón principalmente de EE.UU., va en aumento. Para el año 2008 ingresaron con arancel cero unos 56 mil quintales de algodón de EE.UU., y unos 40 mil quintales de hilados subvaluados procedentes de la India. Asimismo para el 2008, el precio de la urea, principal insumo en la industria de la extracción del algodón, se elevó a S/.150 el saco de 50 kilogramos. Gracias al TLC, las exportaciones agrarias norteamericanas ingresarán totalmente libres de impuestos en detrimento de nuestro campesinado.


Decretos inconstitucionales. Frenar al movimiento popular

Otra es la batalla que se ha iniciado en torno a la denominada Ley de Aguas y la llamada “Ley de la Selva”. Con la primera, que era un clamor de los agricultores que ha llevado a numerosas paralizaciones en los últimos años, siendo la última la realizada el 15 de enero pasado, donde incluso gremios que hasta antes mantenían cierta distancia, como la Junta de Usuarios de Riego y Conveagro se han unido en la lucha. Ante la promesa del gobierno de promulgar la citada “ley”, se levantó la medida. Sin embargo, esta también buscaba que se deroguen los lesivos decretos legislativos (conjunto de normas dictadas por el Ejecutivo el año pasado al amparo de facultades legislativas cedidas por el Parlamento, dominado por el partido oficialista), Nº 1081 y 1083 y la norma que da origen a nueva Ley de Aguas confirma el espíritu del D.L. 1081 y 1083.


Hay que recordar que los D.L. 1081 y 1083 son las normas del sistema nacional de recursos hídricos, que según han denunciado los agricultores, significan la privatización de la gestión del agua.Los decretos legislativos 1015 y 1073, constituyeron lo que se denominó “Ley de la Selva” (Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas) y era un intento de promover la concentración de las tierras para su venta a postores transnacionales, dando “facilidades” a los campesinos para que vendan sus posesiones. Esto provocó fuerte protestas en el interior del país y particularmente en la selva, y ante la creciente explosión social, el Congreso la derogó pese a la oposición del oficialismo aprista y el apoyo cómplice del fujimorato. Una treta más de la alianza de estos sectores reaccionarios.


El Decreto Legislativo 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), es para la tierra lo que los decretos 1081 y 1083 son para el agua. El D.L. 1090 permite el acceso de la propiedad de las tierras a las inversiones extranjeras. Es decir, ahora ni los bosques tienen protección, e incluso pueden las empresas extranjeras, al amparo del artículo 3, solicitar la concesión de los bosques primarios.


El plan es evidente: Debilitar el dominio de los productores agropecuarios, nativos y campesinos sobre los recursos naturales, en beneficio de las transnacionales. Es un proceso de concentración de la propiedad en el agro, a favor del capital privado, que ya había iniciado el régimen fujimorista y que continúa y profundiza el alanismo.


Frente a las arremetidas del Estado y el Capital…

Estas acciones del Estado toman desprevenidos a los trabajadores. ¿Quién los defiende? Las marchas de los gremios sindicales cada vez generan menos convocatoria. La CGTP sería sólo una reunión de amigos causando alboroto en la calle si no fuera por su numerosa y bulliciosa base de Construcción Civil (atrapada hace años en manos ajenas a la clase obrera que trafica con sus intereses). Esto implica una profunda crisis de representatividad. Es ahora cuando debemos consolidar la alternativa libertaria en este sector en el campo popular, la misma que aboga por la autoorganización con democracia directa y horizontalidad.

En el agro el tema es diferente. Aunque también subsiste el problema de los caudillismos y la intromisión política o de ONGs en diversos gremios, la combatividad del provinciano rebasa siempre las expectativas y las dirigencias. Allí, en el campo, en el interior del país, se están dando las verdaderas luchas heroicas contra el imperialismo y las políticas “neoliberales” del Estado. Por ello el actual gobierno, a imagen y semejanza del fujimorato viene implementando su plan de criminalización de las protestas, que ya ha cobrado cientos de victimas encarceladas, torturadas y asesinadas. El asunto es cómo enfrenta el pueblo organizado la arremetida del Estado, el capitalismo y el Imperialismo, que por lo expuesto viene ya durante varias décadas en una imparable ofensiva, teniendo en frente una organización sindical y popular quebrada o inexistente.

…Organizarse y luchar

La respuesta es reorganizar la propia naturaleza de estos instrumentos y armas de la clase trabajadora. Ya un gran sector organizado de la clase trabajadora y productora entiende que las cúpulas y burocracias sindicales, los modelos jerárquicos y autoritarios y la intromisión de los partidos políticos burgueses (de izquierda o de derecha) atentan contra la autonomía del movimiento popular, y son el freno de nuevas formas de organización acordes a los nuevos tiempos y nuevos escenarios de lucha, que ya han sobrepasado a la ideología, teoría y práctica “comunista” autoritaria.

Principios de organización clasista básicos, tales como la autonomía, la auto organización, y la autogestión, jamás debieron abandonarse y sí profundizarse y reelaborarse creativamente en medio del proceso social de la lucha revolucionaria social contra el capitalismo. Esta es la única garantía para constituir armas de combate (sindicatos y gremios populares) con mira a una destrucción social del orden existente (capitalista) y la construcción de nuevas relaciones sociales sin la mediación de los explotadores, es decir, con el control directo de los productores sobre los medios de producción, distribución y circulación (socialismo).

La organización y los principios clasistas lo son todo. Una masa de desposeídos desorganizadas puede protagonizar un motín, pero una masa organizada, hace la historia. Una organización eficaz es fiel a sus principios, del cual deriva su programa, que configura cual será su estrategia y táctica de lucha social. Allí estaremos, como siempre, los anarquistas organizados.

Alberto F. Guzmán

(Unión Socialista Libertaria)