Proyecto de Ley aprista busca fortalecer la gran propiedad
¡Alerta! Ha retornado el latifundio
“La Ley de Límites de las tierras eliminará la concentración en el agro”, ha manifestando el congresista aprista Jorge del Castillo, acerca de su proyecto de ley para –supuestamente- impedir la creación de monopolios que “ahuyenten” la inversión extranjera. Pese a que la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) se opongan –en su dogmatismo neoliberal- a cualquier tipo de límites a la concentración de tierras agrícolas, esta norma afianzará no sólo la gran propiedad, sino que también reafirmará un neo gamonalismo mucho más fuerte y depredador que aquel que fue expropiado por el Estado durante el régimen populista del general Juan Velasco Alvarado, en 1969.
Como se sabe, el proyecto de Del Castillo propone limitar a 40 mil hectáreas el tamaño máximo en manos de un propietario. Sin embargo, estas dimensiones constituyen áreas mucho mas grandes de las que ocuparon las haciendas costeñas existentes antes de la Reforma Agraria del año 1969, promovida por el velasquismo. Cabe recordar que el latifundio más grande de entonces en la costa era la Hacienda Casa Grande, que ocupaba unas 29 mil hectáreas.
La reforma agraria de aquel entonces, expropió los latifundios que ocupaban un área superior a 150 hectáreas de tierras de cultivo bajo riego. A despecho de su slogan mas publicitado: "La tierra para quien la trabaja", la reforma no subdividió las tierras, sino que incluso en varios casos juntó haciendas para integrarlas en una denominada Cooperativa Agraria de Producción (CAP) o la Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS).
El experimento de las CAP y las SAIS no duró mucho, terminando estas, en su mayoría, quebrando y siendo repartidas en parcelas entre los "beneficiarios". Al final del proceso de reforma agraria, tenemos que estos pequeños productores han pasado a formar esa masa de campesinos que constituyen actualmente la mayoría en el sector agrícola.
Retorno del gamonalismo
Hoy hacia mediados del 2010, podemos afirmar categóricamente que el latifundio y el gamonalismo han retornado con fuerza. Algunos ejemplos servirán para tener un cuadro aproximado de este proceso de acumulación de tierras.
Actualmente, en Piura, la acumulación de tierras en lo que se podría denominar un “neolatifundismo”, llega a 31,795 hectáreas, en manos de 7 propietarios. En Lambayeque se llega a 28,300 hectáreas, en manos de 2 propietarios; en Ancash la concentración llega a 16 mil hectáreas en manos de un sólo propietario; en San Martín unas 20 mil hectáreas en manos de un sólo propietario; en Lima, a 17,200 hectáreas entre dos propietarios. En Ica, la concentración terrateniente llega a 13,015 hectáreas divididas entre 34 propietarios; en Arequipa existen 1,200 hectáreas concentradas en un sólo propietario; y finalmente en La Libertad existe una concentración de tierra en grandes propiedades, por un área de 97,967 hectáreas divididas entre 13 propietarios. Es decir, la normas sobre limitación a la acumulación de la gran propiedad agraria no va afectar a nadie, y encima no cuestiona los mecanismos que han permitido esta concentración de tierras muchas veces, a costa de las de los pequeños productores y comunidades campesinas.
La "democracia" y la Gran Propiedad
Apenas culminado el régimen de las Fuerzas Armadas, y con el retorno a la "democracia burguesa", fue el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980 a 1985), que emitió en diciembre de 1980 el Decreto Legislativo 002 (25/11/80), que culmina el proceso iniciado por Velasco Alvarado, legalizando las parcelaciones. Este gobierno y el siguiente, encabezado por Alan García Pérez (1985 a 1990), emitieron normas para regular el uso de las tierras eriazas mediante la irrigación. Con el Decreto Supremo 029-88-AG, de 1988, se elevó el límite a la gran propiedad en irrigaciones de la costa a 450 hectáreas, es decir, tres veces más del límite establecido por la Reforma Agraria, y en la práctica se creaba el marco legal para el retorno de la gran propiedad.
Neoliberalismo y expropiación a las comunidades
Con las políticas neoliberales impuestas por el régimen de Alberto Fujimori (1990 a 2000) se profundizó este proceso que evolucionaba una nueva concentración de tierras. El Decreto Supremo 011-91-AG, del año 1991, dio luz verde a la introducción de las "sociedades anónimas" en el “dominio, conducción, arrendamiento e hipoteca” de la propiedad agraria.
Además, elevó a 1,000 hectáreas el tamaño admitido de las tierras que se incorporasen al cultivo mediante irrigaciones que partieran de la "iniciativa privada". Es decir ya estaba configurado el panorama para que se fuera incrementando el proceso de concentración, en desmedro de las tierras comunales.
Esto se produjo a raíz de que el año 1991, mediante el Decreto Legislativo 653 (Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Agrario) estableció que las tierras eriazas (no cultivadas o en abandono) pasaban a ser propiedad del Estado, incluyendo en esa categoría a las tierras de las comunidades que no tuvieran su respectivo "título de propiedad". Además el dispositivo legal aprobó los arrendamientos de tierras comunales.
Tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, y con la dación de la nueva Constitución de 1993, se permitió la venta de las tierras comunales, incorporando un nuevo factor de desprotección para ellas. En dicha "Carta Magna", se estableció (Artículo 88) que "la ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona".
Surge la servidumbre minera
Mediante Ley 26505, Ley de Tierras, del año 1995, se eliminó todo límite en la superficie de las tierras, lo que permitió una mayor acumulación de la gran propiedad, así como las transferencias de las mismas. Poco después, mediante una norma modificatoria, se determinó otorgar servidumbre a las empresas mineras previo acuerdo con el propietario de tierras, entre ellos las comunidades campesinas. Si no se llegaba a un acuerdo, se establecía la servidumbre minera. En junio del 2008, un decreto legislativo dado por el gobierno de Alan García estableció que las servidumbres se otorgarían de oficio, sin ninguna consulta previa.
Con la Ley de Titulación de las comunidades campesinas de la costa, del año 1997, se introdujo la figura de «abandono de tierras» en el caso de las tierras comunales que dejaban de ser cultivadas. De esta forma, el Estado continuaba con las apropiaciones.
En el primer semestre del 2008, ya el segundo gobierno de Alan García solicitó facultades legislativas y promulgó varios decretos legislativos que han resquebrajado aun mas los derechos de las comunidades campesinas y nativas sobre la tierra, lo cual provocó las últimas olas de protestas, determinando su modificatoria en el Congreso o la presentación de proyectos con el mismo fin de modificar tales normas lesivas.
Mecanismos que han permitido la acomulación de la Gran Propiedad:
Ampliar la frontera agrícola
El Estado, al emprender grandes obras de irrigación ha tenido una misión clara: Ampliar la frontera agrícola y ponerla a disposición de los intereses de los grupos de poder económico en el agro. Antes del Fujimorato, las tierras ganadas al desierto, en la costa, mediante obras de irrigación emprendidas con inversión pública, eran transferidas aun a la mediana y pequeña propiedad, es decir pequeños y medianos agricultores. Allí están los ejemplos de la irrigación de Majes en Arequipa, la colonización de San Lorenzo (Piura), etc. Sin embargo, eso acabó con las nuevas normas dadas por Alberto Fujimori, que dio mayor y hasta exclusiva preferencia en el acceso de esas nuevas tierras a los grandes inversionistas.
Esa era la tendencia del neoliberalismo en el agro. Y esa misma línea ha seguido el actual régimen alanista, que ha contribuido al crecimiento de la gran propiedad vendiendo las tierras logradas con las irrigaciones, a los grandes inversionistas que producen exclusivamente para la exportación. Por ejemplo, el proyecto de irrigación Chavimochic, en el norte del país, ha sido responsable de la ampliación de las tres cuartas partes de la frontera agrícola del Valle del Río Santa. Estas han sido adquiridas por sólo 11 inversionistas. Este proyecto se ha desarrollado con inversión privada, y tiene previsto ampliar la frontera agrícola en los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, siendo el mayor inversionista Camposol quien tiene ya una importante presencia en Piura y Barranca, sumando en total 15,500 hectáreas de latifundio.
Y ese parece ser el modelo a seguir. Está en los planes de Alan García unir la irrigación del Chira-Piura, Tinajones, San Lorenzo, Jequetepeque - Zaña, Chavimochic y Chinecas en un gran proyecto de agroexportación, es decir destinado a los inversionistas y productores en esa orientación. Por ello puede afirmarse que la adquisición de tierras eriazas es la principal vía por la cual se fortalecen y crecen los nuevos latifundios. Comprar acciones de empresas azucareras y adquirir grandes parcelas en las subastas públicas de proyectos de irrigación.
Privatización de las cooperativas azucareras
Para entender esto hay que retroceder a la reforma agraria velasquistas. Para proceder a este trascendental cambio, el gobierno militar determinó que los grandes complejos agroindustriales de la costa sean expropiados y adjudicados a doce cooperativas que se formaron para tal efecto. De esta operación se contó con un total de 128 mil hectáreas de dichas empresas y con 27,783 “beneficiarios”, entre técnicos, empleados y trabajadores de campo. La pésima administración de las nuevas entidades productivas y una aparente crisis económica en el agro, desde 1975 a entrada la década de los 90’s, terminaron por hacerlas quebrar, acumulando onerosas deudas en los hombros del Estado.
La solución del régimen fujimorista fue capitalizar las deudas, y vender las acciones a inversionistas privados, asumiendo el Estado un papel pasivo de “copropietario”. Finalmente, las cooperativas ya en manos privadas la mayoría de sus acciones, se convirtieron en sociedades mercantiles.
Concesiones a actividades extractivas
Entre las actividades extractivas que han permitido al gran capital el adjudicarse tierras en gran escala mediante Concesiones, están la minería, hidrocarburos y forestal. En el caso de la minería, durante casi la última década los derechos mineros se han duplicado. Para el año 2008 ya ocupaba una superficie de 16.3 millones de hectáreas, equivalentes al 12.8% de la extensión total del Perú., entre áreas de explotación y exploración.
Esto les da no sólo un poder económico, sino político, a través de la influencia de sus lobbys en las máximas instancias del Estado y el gobierno. Es casi seguro que por cada concesión se haya cometido un “faenón”. Todo ello a costa de la vulneración de los derechos de las comunidades campesinas y nativas a los recursos y la tierra, que venían ocupando, y gracias a diversas normas que así lo han permitido y lo seguirán haciendo. Pero el impacto social y ambiental sobrepasa los límites territoriales de las propias concesiones adquiridas.
Así mismo, los contratos para la explotación de hidrocarburos en la Amazonía cubren extensas áreas, de hasta 44 millones de hectáreas a diciembre de 2007. Los territorios con más áreas bajo concesión son las cuencas del Ucayali (23% del total) y del Marañón (56% del total), respectivamente.
Por ejemplo, Maple que es una de las empresas que más ha invertido en diversas regiones, planea en esa área producir etanol, y eso a partir de la caña de azúcar en las plantaciones que posee en el Valle del Río Chira. Es toda una cadena productiva.
Pero a quienes se han dado las mayores concesiones territoriales, -principalmente en la Selva-, ha sido para la actividad forestal. Las áreas concesionadas para explotaciones forestales están por encima de los 7.6 millones de hectáreas, que constituyen casi el 70 % de la superficie total de la Amazonía peruana.
Producción de agrocombustibles
Desde que se descubrió que los agro-combustibles podían sustituir progresivamente a los combustibles fósiles -petróleo y sus derivados hidrocarburos, los ojos de las transnacionales viraron hacia los países productores nuevamente.
La transnacional norteamericana Maple, compró al Gobierno Regional de Piura más de 10,000 hectáreas de tierras eriazas, con derecho a agua. Como ya mencionamos, su finalidad era tener mayor espacio para sembrar caña de azúcar, necesaria como insumo para la producción de etanol en las áreas concesionadas que tiene en la selva. En Piura, Maple ha llegado a ocupar una extensión total de 11,975 hectáreas, gracias a la adquisición de más tierras a los productores agrarios.
Por su parte, el Grupo Romero, también en Piura, adquirió más de 3 mil hectáreas en el valle del Chira, con la misma intención que la otra empresa. Tras constituir la empresa “Caña Brava”, adquirió más de 8 mil hectáreas, y ahora busca ampliar su “latifundio” a 10,000 hectáreas.
El grupo Romero posee grandes extensiones de cultivos de palma aceitera en la selva alta, destinados tanto al consumo humano, como a la producción de biodiesel, otro “agrocombustible”.
Para tener una idea de la importancia que tiene la palma aceitera, en las empresas que vienen adjudicándose grandes áreas, cabe señalar por ejemplo, que proyecto Shanusi, entre Loreto y San Martín, tenía sembradas 8,000 hectáreas hacia mediados del 2008. Al mismo tiempo, Palma del Espino, en Tocache (San Martín) contaba con 12,000 hectáreas de palmas cultivadas, y con una proyección de 15,000 hectáreas para el año 2012. Así que los intereses en la adquisición de territorios tienen los ojos puestos en esas regiones.
Expropiación y compras de tierras
La legislación que permitió la apertura del mercado de tierras fue dándose pausadamente durante la década de 1980, para alcanzar un punto culminante con la llamada Ley de Tierras, de 1995. Pero a pesar de tener una vigencia de más de catorce años, no parece que el mercado de tierras sea el principal mecanismo del actual proceso de concentración de la propiedad.
La abundancia de pequeñas propiedades y la falta de saneamiento legal de los derechos de propiedad, puede desestimular a los inversionistas, quienes tienen de todos modos la posibilidad de acceder a tierras no ocupadas previamente, como se ha mostrado líneas arriba.
En Ica el proceso de compraventa de tierras fue atractivo pero la escasez de agua -aparentemente agudizado por las nuevas empresas agroexportadoras—, impidió que sea mayor.
Se sabe también que en el valle de Piura se ha generado un mercado de tierras relativamente activo, Y son los pequeños agricultores los que constituyen el grueso de los vendedores. Algunas compras conocidas son las efectuadas por el Grupo Romero, de tierras de la antigua cooperativa.
Huando, en Huaral (alrededor de 500 hectáreas); por Camposol en Piura y Barranca; y por Complejo Agrícola Beta en Chiclayo (1,200 hectáreas) y Piura (200 hectáreas). Recientemente, El Grupo Romero ha adquirido del gobierno central y la Región San Martín 8,000 hectáreas de tierras.
Al amparo de algunos decretos legislativos dados en junio de 2008, las tierras eriazas de algunas comunidades campesinas que no tenían títulos de propiedad han sido virtualmente confiscadas por el Estado y puestas en subasta para su compra por inversionistas. Ese es el caso de las comunidades campesinas de Santa Lucía de Ferreñafe y Olmos, ambas en Lambayeque.
Epílogo
Todo este panorama nos permite tener una mejor visión de los conflictos sociales de los últimos años, y una perspectiva de lo que pueden esperar los sectores campesinos y nativos respecto a la actitud del Estado y la mayor penetración del capital privado, nacional o trasnacional, en las actividades productivas e industriales, a costa de la apropiación de los territorios de pueblos originarios e incluso de los medianos y pequeños propietarios agrarios. Nuevas luchas se avecinan y también ello exige estrategias diferentes a las hasta hoy empleadas para impedir la acumulación de la gran propiedad o darle batalla a los expropiadores. Y ello será parte de la evaluación que haremos en el próximo número. A continuación, algunas conclusiones preliminares.
-A cuarenta años del inicio del proceso de la reforma agraria promovida por el régimen militar del general Juan Velasco Alvarado, vivimos un proceso a la inversa, de retorno del latifundio.
-Pese a que últimamente voceros del alanismo han propuesto un proyecto de Ley que aparentemente “limita” el tamaño de las grandes propiedades, esto tendrá efectos adversos hacia la pequeña propiedad, legalizando desde ya algunas concentraciones de tierras que se han venido gestando en las últimas décadas.
-La concentración de la gran propiedad se está dando en condiciones de crecimiento de la agroexportación, y principalmente en la costa, se ha visto el resurgir de los “latifundios”.
Modelo económico que centra en el derecho a la propiedad pero paradójicamente excluye a la mayoría de pequeños propietarios del acceso a la propiedad y a los recursos naturales en manos de pocos.
-Según ya refieren especialistas en el tema, que han aportado los principales datos para este informe, estos hechos referidos, “están generando situaciones de abismal inequidad, similares a las que se vivían en el Perú antes de la reforma agraria de 1969. Esta creciente desigualdad es terreno fértil para conflictos sociales y políticos”. (La Revista Agraria (CEPES), Año 11 Nº 119 - Junio 2010, y Año 10 Nº 107 - Mayo del 2009).
Unión Socialista Libertaria - Lima
